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Derchos Humanos

Colombia, el infierno que Estados Unidos soñó para Venezuela y Cuba

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Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque la desigualdad y la pobreza, que ya afecta a casi el 45% de la población, son cada vez más extremas mientras se rebajaron hace dos años los impuestos a las grandes empresas y se tolera que las élites colombianas evadan los capitales que deseen.

Colombia se enquista en la tercera ola de su revuelta ciudadana
Dispersión de jóvenes mediante gases lacrimógenos

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque sus tasas de criminalidad apuñalan el país casi a diario mientras ocupa el primer puesto mundial, año tras año, en el asesinato de líderes ecologistas –al menos 64 en el año 2019– y se encuentra en puestos destacados en cuanto al asesinato de líderes sindicales.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su sistema sanitario ha dejado más de 75.000 fallecidos y tres millones de contagios durante la pandemia y solo ha conseguido inocular una primera dosis de vacuna en el 10% de la población mientras sus élites compran pisos en las zonas más caras de Madrid, los rehabilitan y los venden obteniendo millonarios beneficios.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque la mayoría de los ciudadanos no se puede confinar debido a la ausencia de un subsidio con el que sobrevivir mientras se ha convertido en el líder mundial de la producción de coca, con el 70% del total. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.Colombia contribuye como casi ninguna otra a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo mientras exhibe un clasismo y un racismo tan excluyente como anacrónico y obsceno

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque pretendió reducir la pobreza y la desigualdad con subidas de impuestos a las clases medias, a lo que queda de ellas, con una reforma que aspiraba a bajar el umbral del impuesto de la renta y subir los impuestos indirectos que a todos afectan, en lugar de aumentar los impuestos a las élites y a las grandes empresas.

Estalla Colombia y derrota al Gobierno de ultraderecha - 03.05.2021,  Sputnik Mundo
Manifestante sumamente enojado

 

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque se ha convertido en aliado estratégico de la OTAN en la región mientras sus Fuerzas Armadas asesinan niños sin piedad.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque reprime de forma salvaje a la ciudadanía –se contabilizan 26 fallecidos y más de 400 desaparecidos en estas últimas protestas– como antes han hecho en Chile, Ecuador, Perú o Brasil mientras las causas reales que subyacen tras el descontento de la ciudadanía continúan sin solución. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su pueblo se ha revuelto contra sus gobernantes, como en los últimos años han hecho chilenos, ecuatorianos o peruanos.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque contribuye como casi ninguna otra a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo mientras exhibe un clasismo y un racismo tan excluyente como anacrónico y obsceno.

Colombia: por qué el país está en un escenario sin precedentes (y qué puede  significar para su futuro) - BBC News Mundo
Estudiantes se defienden de la policia antimotines

 

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba porque su pueblo se ha revuelto contra sus gobernantes, como en los últimos años han hecho chilenos, ecuatorianos o peruanos, de la forma en la que los Estados Unidos hubiera deseado que ocurriera en Venezuela, Cuba o Bolivia mientras en estos países fracasaron los intentos de asesinato, los movimientos golpistas, las presiones a los militares e, incluso, las autoproclamaciones presidenciales kafkianas.

En definitiva, Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba y, por ello, en estos países se han perpetrado las más salvajes y crueles medidas, algunas de ellas con consideración bélica, como las inmisericordes sanciones económicas, lo que ha provocado una inhumana reducción de alimentos, medicamentos y productos básicos entre los ciudadanos.

Por ello, cuando lea sobre Colombia, Chile, Perú o Ecuador, lo que sólo ocurrirá cuando ardan, como en los últimos años, reflexione sobre toda América Latina en su globalidad y sus problemas. Quizás entonces, ante una visión más general y menos sectaria, sea posible considerar que el gran problema de América Latina es su modelo económico y el esbirro que lo impone, Estados Unidos.

Fuente: RT

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Actualidad

CNDH sale en defensa de alcaldesa de Solidaridad contra gobernador de Quintana Roo.

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En su queja, la edil Laura Beristain Navarrete señala que el gobierno de Carlos Joaquín González realizó cateos irregulares al domicilio de su familia y detuvo a 15 personas de su equipo y empleados del ayuntamiento que preside acusándolos de delitos electorales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió en defensa de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien presentó una queja en contra del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por probables actos de intimidación en el contexto de la jornada electoral del 6 de junio pasado.

La alcaldesa, quien contendió en esta elección para reelegirse en el cargo por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, acudió personalmente a la sede de la CNDH, en la Ciudad de México y dijo a la titular, Rosario Piedra Ibarra, que ha enfrentado “violencia sistemática” por parte del gobierno joaquinista.

CNDH sale en defensa de alcaldesa de Solidaridad contra gobernador de Quintana  Roo

En su queja, la edil incluyó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Antonio León Ruíz y al fiscal general, Óscar Montes de Oca, como parte de los agravios que, asegura, padecen sus familiares y equipo de trabajo.

Beristain Navarrete expuso a Piedra Ibarra que, previo y durante esta jornada electoral, “se vivió una elección de Estado”, en la que hubo cateos irregulares al domicilio de su familia -el seis de junio- y se detuvo a 15 personas de su equipo y empleados del ayuntamiento que preside, acusados de delitos electorales, cuya situación legal se desconoce.

Como parte de la queja se solicitaron medidas cautelares para la edil en funciones, su familia y las 15 personas detenidas entre el cinco y el seis de junio, en posesión de dinero y papelería electoral para la probable compra de votos y credenciales de elector, esto último, informado por autoridades estatales.

La respuesta de la CNDH fue prácticamente inmediata. En un comunicado, el organismo se pronunció “en contra de la violencia política y por el derecho a la democracia en Quintana Roo”.

En el escrito -sin prejuzgar sobre la veracidad de lo denunciado- se exhortó al gobernador, al presidente del Poder Judicial y al fiscal, a “cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” el derecho humano a la democracia, lo cual “implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores” del municipio de Solidaridad

Laura Beristain (@LauraBeristain) | Twitter

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Beristain pide cobijo de la 4T

Entrevistada por separado, la alcaldesa indicó que, debido a la situación, “fui a buscar la protección del gobierno federal”, pues, afirma desde el gobierno estatal se desplegó “una cacería de brujas”, motivada por “el deseo permanente de Carlos Joaquín de controlar Solidaridad”.

Hasta el momento -dice su abogado, Francisco Mata- Beristain ha interpuesto, además de la queja ante la CNDH, tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y ante la Secretaría de Gobernación (Segob). La munícipe se reunió en esta semana con la titular, Ólga Sánchez Cordero.

Las denuncias presentadas se centran sobre lo ocurrido en el primer minuto del seis de junio, cuando un promedio de 25 elementos de la Secretaría de Seguridad pública y de la Fiscalía del estado, llegaron a su casa, ubicada en calle 80, entre la quinta y la avenida 10 de Playa del Carmen, y catearon el inmueble, bajo el argumento de que había material electoral y se operaba desde ahí para maniobrar la elección, induciendo al voto.

En la casa se encontraban sus hermanos, Luz María y Juan, ex senadora y ex síndico de Solidaridad, respectivamente. Ambos se encuentran también entre los agraviados en las denuncias y queja ante la CNDH.

“Después de una hora y media no encontraron nada. Solo entraron con brusquedad, amedrentaron, amenazaron, intimidaron. Afuera montaron un operativo, acordonando calles aledañas, asustando a la gente y, por supuesto, inhibiendo con ello el deseo de salir a votar. Se fueron”, dijo.

A cinco cuadras de su casa detuvieron a 15 personas, que ella llama “presos políticos”. Se trata de elementos de su equipo de campaña y funcionarios del ayuntamiento que preside.

Los reportes de autoridades policiacas y ministeriales entre el domingo y el lunes pasado, dan cuenta de esa detención por probables delitos electorales, ya que entre estas personas había quienes llevaban consigo 100 mil pesos en efectivo para la compra de credenciales de elector o copias de éstas.

A otros les encontraron vales que se entregaban a cambio de votos a favor de un partido político -no se especificó cuál- y se les aseguraron copias de material electoral.

Beristain Navarrete responde que esos informes oficiales son mentira y que se están inventando cargos y armando expedientes a modo y citó, además, el caso de su director de Seguridad Pública, Jorge Robles, a quien afirma, desde el Instituto Electoral de Quintana Roo “le tendieron una trampa”, solicitando su intervención en el Consejo electoral, para luego acusarlo de obstaculizar a servidores públicos, ejerciendo violencia policial. Ya le abrieron una carpeta de investigación, añade.

“El tema de fondo es el control de Solidaridad, que han querido recuperar desde el 2018. Detrás está la violencia política. Han sido tres años muy difíciles”, dijo, al recordar que es el único municipio en donde no aplica el Mando Único y se mantiene como un lugar “de paz y tranquilidad”.

La realidad es que los índices delictivos de Solidaridad siguen siendo muy altos, en comparación con el resto del estado. El Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE), que se nutre del Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo Nacional, reporta un incremento en delitos como homicidio culposo, trata de personas y narcomenudeo.

Aunque el delito de extorsión (cobro por derecho de piso) no ha aumentado, el municipio registra la tasa de incidencia más alta de todo el estado. En ese municipio desapareció el hijo del dueño de Price Travel; se han registrado diversos homicidios y feminicidios.

La alcaldesa también ha sido denunciada por probables actos de corrupción para la remodelación de la Quinta Avenida, el principal corredor turístico de Playa del Carmen y la empresa a la que adjudicó la obra -Xuanxum S.A. de C.V.- enfrenta denuncias ante la Fiscalía General por el delito de usurpación de identidad, en agravio de Lorenzo Manrique Rosado, de 86 años, quien figura como socio al 50 por ciento para la constitución de la compañía -2013-, sin éste estar enterado ni formar parte de la misma.

Fuente: EL UNIVERSAL

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Derchos Humanos

50 años del halconazo, la matanza del Jueves de Corpus

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El 10 de junio de 1971 un grupo de choque conocido como Los Halcones, de extracción militar, disparó sobre una manifestación de estudiantes en apoyo a la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, murieron más de cien

En 1971 el gobernador Eduardo Ángel Elizondo Lozano promulgó una nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que prácticamente suprimía la autonomía de la institución y fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos, quienes declararon una huelga e iniciaron una serie de protestas, que desembocaron en un conflicto político que se tradujo en la matanza, el 10 de junio de ese año (Jueves de Corpus) en la capital de la República.

Habían pasado dos años y ocho meses de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

El gobierno estatal había reducido el presupuesto de la Universidad como “escarmiento” por la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970. Ante el ataque, la comunidad universitaria inició una huelga y emitieron un llamado de solidaridad al resto de universidades del país.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondieron al llamado y convocaron a una concentración que salió a manifestarse en solidaridad con los alumnos de la UANL, el 10 de junio de ese año, la primera después de que el 2 de octubre de 1968, el Ejército asesinara a cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, había anunciado una apertura democrática de parte de su gobierno, permitiendo el regreso al país de jóvenes dirigentes estudiantiles del movimiento de 1968 orillados al exilio para proteger sus vidas. También liberó a algunos presos políticos, entre ellos José Revueltas y Heberto Castillo.

La Masacre del Jueves de Corpus, también llamada El Halconazo

La marcha, que aglutinó a cerca de 10 mil personas según las crónicas de la época, comenzó en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba para dirigirse al Zócalo capitalino.

Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Había tanques antimotines sobre Melchor Ocampo junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del Colegio Militar y camiones con granaderos el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme.

Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA., conocido como Los Halcones, todos ellos jóvenes de extracción militar, principalmente, y al grito de “¡Viva el Che Guevara!” descargó balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 sobre los manifestantes.

Atacaron a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros después de que los granaderos abrieran sus filas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, y en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los Halcones agredieron a los manifestantes una vez más, ahora no sólo con sus garrotes, sino con armas de fuego. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino y fue simple espectadora.

El tiroteo se prolongó (fueron horas, se dijo años después) y algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, los Halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en los quirófanos, además de intimidar a los internos y al personal médico. El número de muertos fue cercano a 120.

Esa misma noche, el Ejército resguardo Palacio Nacional y el presidente Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y paradójicamente gobernador de Nuevo León de agosto de 1979 a agosto de 1985, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron la existencia de Halcones; y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros.

Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar (subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal) aceptara que los había, pero no los involucró en la masacre.

Hubo periodistas agredidos y la evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Prensa nacional y extranjera cubría la movilización y fueron agredidos también de forma brutal. A muchos les destruyeron sus cámaras, otros fueron golpeados.

Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él. Durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de “don Halconzo”, en alusión a la Matanza del Jueves de Corpus.

La policía, sin órdenes de intervenir, observó la matanza para después subir por la fuerza a los sobrevivientes a las decenas de patrullas y camiones que estaban en el lugar. El ejército tenía listos transportes en las instalaciones del Colegio Militar. La masacre no terminó cuando por fin se disolvió la concentración, sino que continuaría hasta horas después, en los hospitales de la Cruz Verde y el Rubén Leñero a donde habían trasladado a algunos de los heridos. Intimidando a doctores y enfermeras, hombres armados ingresaron a las salas de urgencias en donde los jóvenes eran atendidos y los asesinaron.

mpunidad oficial; hubo, por lo menos, 120 muertos

La noche del 10 de junio, autoridades capitalinas declararon que se había tratado de un
enfrentamiento entre estudiantes y que Los Halcones no existían, que se trataba de una leyenda. Los medios impresos asegurarían que la cifra de muertos no pasaba de los 16, mientras que había testimonios de 30 cadáveres en el hospital Rubén Leñero. Posteriormente se publicaría una lista de 27 nombres y 13 más sin identificar. Hasta hoy, la cifra sigue sin ser exacta, pero no es menor de 120.

En semanas siguientes, mientras Echeverría negaba cualquier participación en los hechos del 10 de junio, renunciarían a sus cargos el jefe de la policía Roberto Flores Curiel y el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas.

Con el tiempo, diversas investigaciones han dado luz al caso, confirmando no sólo la existencia de Los Halcones, sino la participación en su reclutamiento y entrenamiento de la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, por medio de su subdirector, el militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, ex integrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde también surgió el general José Hernández Toledo, uno de los mandos militares que participó el 2 de octubre en Tlatelolco.

Una investigación de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, en su libro “Los Patriotas: de Tlatelolco a la guerra sucia”, compiló información sobre las actividades de Los Halcones previas al 10 de junio, disolviendo mítines en el IPN y fustigando a la Preparatoria Popular. Tras la agresión del Jueves de Corpus (como así por coincidir con el día de la celebración católica del Corpus Christi), Los Halcones desmantelarían el campo en donde se entrenaban en San Juan de Aragón y fueron disueltos, con la consigna de realizar algunas acciones aisladas como atentados o asaltos como distracción. El Canal 6 de Julio vincularía a Los Halcones con la masacre de Tlatelolco y señalaría el 2 de octubre de 1969 como la primera participación pública de este grupo.

Díaz Escobar fue enviado en 1973 a Chile y a su regreso a México, fue nombrado por el gobierno de José López Portillo como general de brigada diplomado del Estado Mayor. Durante su estancia en Chile, según señala el Canal 6 de Julio, Díaz Escobar estuvo implicado en el golpe de estado contra Salvador Allende y colaboró con la policía secreta de Augusto Pinochet.

Luis Echeverría, (con casi 100 años de edad, y recluido en su casa San Jerónimo) sería señalado como responsable de esta masacre, sin embargo, tras casi 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exoneró de toda responsabilidad, terminado así formalmente el 26 de julio de 2005 con el juicio sobre los hechos del 10 de junio de 1971, como se hizo posteriormente en 2009, por el genocidio cometido en 1968.

Alfonso Martínez Domínguez, en declaraciones a Proceso, en 1979, acusó: “La matanza del jueves de Corpus fue preparada por Luis Echeverría para matar dos pájaros de un tiro: escarmentar, decía, a quienes querían provocarlo al inicio de su gobierno y deshacerse de mí. Yo tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra”.

Fuente: https://unamglobal.unam.mx

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Denuncias

Fin del Estado de derecho y legitimación del racismo: Slavoj Zizek analiza qué está pasando en Israel y advierte que es una “tendencia global”

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En medio del conflicto actual con Hamás, Israel vive una ola de enfrentamientos internos entre árabes y judíos. Según el pensador, las fuerzas del orden se alinearon explícitamente con estos últimos, así que los ciudadanos palestinos “no pueden apelar a ninguna agencia superior que intervenga cuando son atacados”.

Fin del Estado de derecho y legitimación del racismo: Slavoj Zizek analiza qué está pasando en Israel y advierte que es una "tendencia global"
Soldados israelíes durante protestas en Hebrón, Cisjordania, Palestina, el 12 de mayo de 2021.Mamoun Wazwaz / Anadolu Agency / Gettyimages.ru

Las hostilidades, que se están desarrollando entre palestinos e israelíes desde la semana, pasada muestran que el Estado de derecho en Israel se está desintegrando, dejando a los palestinos solos e indefensos frente a ataques racistas de la derecha judía, opina el filósofo esloveno Slavoj Zizek.

Al referirse a los tres países de Europa que se solidarizaron con Israel e izaron su bandera —la República Checa, Austria y Eslovenia—, Zizek indica que el gesto no contiene “nada de las llamadas habituales a la moderación mutua”, sino es “una clara asignación de la culpa” del conflicto a Hamás. Sin embargo, la escalada no empezó con el lanzamiento de cohetes palestinos, ni incluso en Gaza, sino en Jerusalén Este, donde las autoridades israelíes colocaron barreras de seguridad durante el Ramadán y desalojaron un barrio árabe, recuerda el filósofo.

La frustración de los palestinos es fácilmente comprensible: durante más de 50 años después de la Guerra de los Seis Días de 1967, han estado atrapados en Cisjordania en una especie de limbo, sin identidad, refugiados en su propia tierra

La política de las autoridades israelíes consiste en la conservación de la mayoría de los palestinos en este limbo, opina Zizek: “Quieren Cisjordania, pero no quieren anexarla directamente, porque al hacerlo tendrían que convertir a los palestinos que viven allí en ciudadanos israelíes”.

Al menos 205 heridos en enfrentamientos entre palestinos y la Policía israelí en el centro de Jerusalén: ¿qué está pasando?

 

En este contexto de protestas y opresión en Cisjordania, Hamás lanzó sus cohetes. Conforme al filósofo, este paso ayudó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a “ganar puntos políticos”, al presentar “una auténtica protesta desesperada contra la limpieza étnica israelí” como “otro conflicto entre Hamás e Israel, en el que Israel simplemente responde a ataques con cohetes”. No obstante, incluso un enfrentamiento externo no pudo ocultar los disturbios civiles entre judíos y árabes dentro del propio Israel, descritos por el alcalde de la ciudad de Lod como “una guerra civil”.

Disolución de la fachada

En la situación de este fuerte enfrentamiento interno, las fuerzas del orden se alinearon explícitamente con las pandillas de judíos de extrema derecha, indica Zizek. Menciona las declaraciones del propio ministro de Seguridad Pública de Israel, Amir Ohana, quien calificó como “autodefensa legítima” el asesinato de un árabe en Lod sin presentar ninguna prueba.

El aspecto más peligroso de la situación es que la Policía israelí ni siquiera pretende actuar como agente neutral de la ley y la seguridad pública; según reportes, aplaudían a la turba judía de extrema derecha, que ondeaba banderas israelíes en Lod

Según Zizek, este acercamiento de la Policía a los alborotadores muestra que “el Estado de derecho se está desintegrando en Israel, al menos para sus ciudadanos palestinos: se los deja solos; no pueden apelar a ninguna agencia superior que intervenga cuando son atacados”.

En cuanto a las causas de este proceso, el filósofo escribe que es consecuencia de “lo que ha estado sucediendo en Israel en los últimos años: la extrema derecha abiertamente racista […] es cada vez más reconocida como legítima y se está convirtiendo en parte del discurso político público”. Aunque esta postura racista “siempre ha sido la base de facto de la política israelí”, antes “nunca fue reconocida públicamente”, y la posición oficial de Tel Aviv fue la de dos Estados y el respeto de los acuerdos internacionales. Ahora esta “fachada […] se está disolviendo”. Para Zizek, el cambio no es solo cosmético, sino supone una nueva realidad.

La televisión estatal israelí transmite el "linchamiento en tiempo real" de una turba a un supuesto árabe

 

“No es suficiente decir que la realidad que vemos ahora fue la verdad detrás de la apariencia desde el principio. Las apariencias son esenciales; nos obligan a actuar de cierta manera. […] La distancia entre la apariencia pública y la oscura realidad detrás de ella permitía a Israel presentarse como un Estado de derecho moderno en contraste con el fundamentalismo religioso árabe, pero con esta aceptación pública del racismo fundamentalista religioso, los palestinos son ahora una fuerza de neutralidad secular, mientras que los israelíes actúan como fundamentalistas religiosos”.

“Parte de una tendencia global”

En una perspectiva más amplia, lo que ocurre en Oriente Medio requiere reconsiderar el rol de las Fuerzas Armadas, que se perciben generalmente como instituciones políticamente neutrales. Zizek cita como ejemplos las cartas abiertas de militares franceses y estadounidenses.

“En Francia, la carta atacaba la tolerancia del Estado contra la islamización, y en Estados Unidos, advirtieron sobre las políticas ‘socialistas’ y ‘marxistas’ de la administración Biden. El mito del carácter despolitizado de las Fuerzas Armadas se disipa: una parte considerable del Ejército apoya la agenda nacionalista”, indica el filósofo.

“En resumen, lo que sucede ahora en Israel es parte de una tendencia global”, concluyó.

Fuente: RT

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